Se acaba de cumplir un mes del derrumbe del edificio Rana Plaza en Dacca, capital de Bangladesh, en el que murieron 1.127 personas que trabajaban en talleres de ropa. Una tragedia evitable consecuencia de un sistema de producción depredador auspiciado por las transnacionales del sector textil y aceptado por los consumidores en occidente mediante sus decisiones de compra. En mayor o menor medida ambos, empresas y ciudadanos, tenemos una cuota de responsabilidad en lo sucedido.
Han tenido que morir sepultadas bajo los escombros más de mil personas y que las imágenes del horror difundidas por televisiones de todo el mundo mostraran el resultado de la injusticia para que las empresas que se lucran por esta situación decidieran tomar cartas en el asunto, después de tanto tiempo mirando hacia otro lado, bajo el argumento de cumplir con la legislación del país y esgrimir el certificado de dudosas auditorías, sin importarles que el incremento de su cuenta de ganancias se originaba a costa de una explotación laboral, propia de la Revolución Industrial, como señala Juan Hernández, profesor de Derecho del Trabajo
A raíz de esta masacre, los sindicatos internacionales IndustriAll y UNI promovieron un acuerdo global para la mejora de la seguridad laboral en el sector textil de Bangladesh. Un pacto al que se han adherido 31 marcas que supondrá un antes y un después en la gestión de la cadena de proveedores y que permitirá a los sindicatos fiscalizar las condiciones de trabajo. Entre otros avances, incluye inspecciones de seguridad independientes con informes públicos, la creación de comités de seguridad y salud y obliga a la las empresas a costear los gastos de seguridad en las fábricas Además, los trabajadores tendrán el derecho de interrumpir su actividad laboral si se detectan problemas de seguridad importantes. Esperemos que Bangladesh sea solo el inicio.