Esta semana se ha presentado en Madrid la Red Europea de Responsabilidad Social Empresarial y Discapacidad, plataforma que lidera la Fundación ONCE de la que forman parte empresas como Telefónica y L’Oreal, así como el ministerio de trabajo italiano. Una iniciativa enmarcada en la Estrategia Europea 2020 y la Convención de Naciones Unidas en favor de las personas con discapacidad. Bienvenida sea.
Las políticas relacionadas con el colectivo de discapacitados, principalmente para su integración laboral, se sitúan entre las preferidas dentro de las estrategias de RSE de las compañías españolas. A menudo encontramos noticias sobre este iniciativas de esta índole puestas en marcha en distintos lugares de nuestra geografía. Perfecto. Ojalá cada vez haya más.
Sin embargo, las empresas no siempre logran transmitir eficazmente su compromiso social a todos sus grupos de interés con este tipo de políticas de inclusión. Es el caso de aquellas que despiden a trabajadores que llevan muchos años en la compañía, con difícil reinserción en el mercado laboral, y más en los tiempos que corren, a los que sustituyen con personas discapacitadas. Así, lo que en principio pretende ser una política responsable y seguramente bienintencionada, puede convertirse en un punto conflictivo con un stakeholder prioritario como son los empleados, que en ocasiones ven el ahorro de costes o una mera estrategia de marketing en el trasfondo de estas medidas. Permitir su participación en la toma de decisiones en un ámbito que les afecta directamente, y saber explicarlas y comunicarlas adecuadamente evitaría fricciones internas.
Luego están, por desgracia. las organizaciones que se acercan al colectivo de discapacitados con intenciones espurias, pero antes o después, por falta de congruencia con la forma de gestionar otras áreas, se les acaba viendo el plumero. Pero esto merecería un capítulo aparte.