Ayer 28 de septiembre, día mundial de la transparencia, Equo y Compromís, organizaron la Jornada “Derecho a Saber, Derecho a participar” en el Congreso de los Diputados.
Estos dos partidos minoritarios, que forman una coalición con un diputado en las Cortes, Joan Baldoví, abrieron a los ciudadanos las puertas del simbólico edificio solo tres días después de que ni siquiera pudiéramos acercarnos al mismo.
No muchos fueron, sin embargo, los que aprovecharon esta oportunidad para conocer algo más sobre el acceso a la información pública, un derecho constitucional muy poco desarrollado en nuestro país, sobre el cual actualmente se está tramitando una ley que, según los participantes, dejará las cosas más o menos como están, para mayor gloria de sus promotores.
Esto es, a años luz de países como Suecia, donde cualquiera tiene acceso a las cuentas bancarias para ver en qué se gastan el dinero los partidos políticos y de donde procede. ¿Veremos eso algún día aquí? Hay a quien se le revuelve el estómago solo con la idea. Sabríamos por ejemplo, qué bancos financian sus costosas campañas electorales, y cómo, misteriosamente, esa deuda se deja de pagar.
Como bien señaló Joan Coscubiela, diputado de Izquierda Plural, “la transparencia no es una ley, sino una actitud”, y lamentablemente la mentalidad de la clase gobernante española es que lo de todos se administra sin tener porqué rendir cuentas ni dar explicaciones. Ni los “gurteles” ni los “brugales” hace mella en ese afán por mantener la opacidad.
En unos tiempos en los que los avances tecnológicos permiten la inmediatez en el flujo de la información y ofrecen múltiples posibilidades de participación , siguen sin abrirse las ventanas de los edificios donde residen nuestros representantes. La información es poder, y por lo que se ve, no quieren repartirlo. Como apuntó Guzmán Garmendia, artífice de la primera ley de Transparencia y de Gobierno Abierto en España, desde la comunidad foral de Navarra, nuestro modelo político sigue anclado en el siglo XVIII.
Por eso, quizás, es lícito plantearse la pertinencia de modificar, para adaptarnos a los nuevos tiempos, no una ley o un grupo de leyes, sino la Constitución al completo, redactada y votada hace 30 años en unas circunstancias muy particulares. Desde el público, alguien aportó una metáfora para describir a nuestra Carta Magna: un coche viejo al que se le están poniendo muchos parches, pero que antes o después habrá que cambiar.
Posiblemente tenga razón. El debate está en la calle. Pero, lo más importante, es que sus artículos, ya sea de la actual o de las que están por llegar, se cumplan. De momento, el Congreso fue ayer más transparente de la mano de Equo y Compromís.