Hoy el Gobierno ha presentado el anteproyecto de Ley de Transparencia para las Administraciones Públicas, un paso necesario que va a faclitar el acceso de los ciudadanos a la información pública. Esto es algo normalizado en las mayoría de las democracias occidentales, que en España los diferentes gobiernos habían ido posponiendo. Los continuos casos de corrupción, despilfarro o simple incompetencia para la gestión que llegan desde diferentes administraciones ha generado tal desconfianza hacia las mismas, que la clase política no ha podido seguir por más tiempo impidiendo a los contribuyentes conocer qué se hacía con su dinero.
Hay que esperar a ver cómo se pone en práctica y sobre todo cómo y quién controla su cumplimiento, pero en principio es algo muy positivo. Incluso el Gobierno “se tira el rollo” y permite hacer aportaciones al texto por parte de los ciudadanos. Buen gesto, claro que sí. Ya para nota hubiera sido presentado esta ley “anticorrupción”, tres días más tarde, es decir, después de las elecciones en Andalucía y en Asturias, como ha hecho con la Ley de Presupuestos Generales del Estado.(Transparentes sí, pero no tontos).
Cuando se apruebe, España dejará de ser el único país de la UE de más de un millón de habitantes sin una ley de transparencia. Hasta la fecha, nuestro país está considerado como uno de los más opacos del viejo continente. Por citar un caso en el extremo opuesto, Suecia tiene reconocido el derecho al acceso a la información pública desde la Constitución de 1776.
La ley deberá permitir asimismo que conozcamos cómo se financian los partidos políticos, otro de los temas llenos de sombras de la democracia española. Esta semana conocíamos un informe de la Fundación Entorno Empresarial que les deja en muy mal lugar. Excepto UPyD, ninguno de los partidos con representación en el Parlamento en 2010 publicaba su situación financiera, ninguno publica el informe de un auditor independiente, o informa en su web sobre créditos concedidos o condonaciones de deudas. Confiemos en que, si no lo han hecho voluntariamente -como creo que el respeto hacía los ciudadanos y especialmente sus votantes merecía-, ahora, por imperativo legal, no puedan dejar de asumir esta responsabilidad.